Las tasas turísticas no son ninguna novedad en el sector turístico. Algunas vienen disfrazadas en mayor o menor medida y afectan a los viajeros que llegan por vía aérea, como las tasas de aeropuerto que hay que pagar al abandonar un país; mientras otras son cobradas directamente en los alojamientos hoteleros y extrahoteleros.
El pasado noviembre empezó a funcionar la tasa turística en Cataluña. Es un impuesto que pagan los turistas, mayores de 16 años, que visitan la comunidad autónoma catalana. El precio, por persona y día, se paga en función de la categoría del establecimiento elegido, en un abanico entre 2,25€ para los de mayor categoría y 0,45€ para los inferiores, siendo la cuota máxima de 7 noches. De esta tasa quedan excluidas las personas que participen en programas sociales que implican una estancia en alojamientos turísticos.
Esta tasa tiene como objetivo la creación de un fondo para la promoción y el fomento del turismo sostenible, la inversión en recursos turísticos y la creación y desarrollo de productos e infraestructuras turísticas.
Si al principio levantó una ardua polémica entre defensores y detractores, que la veían como un impuesto más al sector turístico, en la actualidad ha sido ampliamente aceptada. Es más, según analiza Xavier Canalis, periodista de Hosteltur, en el artículo Cuenta atrás para la implantación de la tasa turística en España, otras comunidades autónomas españolas se han interesado en su implantación, funcionamiento y resultados, con el fin de establecerlas en sus propias regiones.
Si bien en España y, tras la fallida implantación de la ecotasa en Baleares, se consideraba que nuevos impuestos mermarían el turismo, en otros países es considerado lo habitual. Estados Unidos, Alemania, Suiza, Austria, Países Bajos o países competidores de España en turismo como Francia, Italia, Croacia, Bulgaria, Marruecos y Túnez ya tienen implantadas estas tasas turísticas.
La pregunta a plantearse es: ¿qué va a pesar más en las autoridades competentes: el miedo a perder turismo frente a otras comunidades competidoras o la posibilidad de obtener unos ingresos fáciles, en tiempos de crisis, con los que promocionar los recursos turísticos como les reclaman los empresarios del sector?
Creo que estamos ante una cuestión que seguirá provocando encendidos debates, máxime teniendo en cuenta que las competencias de turismo están transferidas a las comunidades autónomas y son sus gestores quienes han de decidir cómo gestionar esta situación.
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